La Paz,EFE

Las peticiones para que se convoque una Asamblea Constituyente se han equiparado con la demanda para lograr mayores beneficios del gas natural en el debate reabierto en Bolivia a raíz de una nueva ola de protestas sociales que hoy entra en su segunda jornada.

Las manifestaciones iniciadas el lunes dejaron patente el viraje en los objetivos de las organizaciones encabezadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del líder cocalero Evo Morales, cuando se intensifican las presiones autonomistas de la región oriental de Santa Cruz, la más pujante del país.

En el centro de La Paz, varios miles de seguidores del MAS mantuvieron su exigencia de que se imponga a las trasnacionales petroleras un alza de impuestos superior a la establecida en la nueva Ley de Hidrocarburos, promulgada hace una semana.

Algunos sindicatos demandaron además la nacionalización del gas y el petróleo, postura respaldada por las juntas de vecinos de la localidad de El Alto, aledaña a La Paz, que esta semana comenzaron una huelga general indefinida apoyada de forma parcial.

Para presionar a las autoridades para que atiendan sus reclamaciones varios grupos decidieron quedarse en las calles de La Paz hasta el viernes.

Al margen del asunto del gas, Morales, al igual que los alteños, hizo hincapié en la exigencia de los sindicatos y grupos sociales de que se instale una Asamblea Constituyente este año para refundar el país.

Ese plan y la política estatal sobre el gas natural es uno de los primeros puntos de la agenda nacional, surgida de la grave crisis institucional vivida en el país en octubre de 2003 y que le costó la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, que tuvo que irse a EEUU.

A esta iniciativa constitucional, las organizaciones cívicas de Santa Cruz han antepuesto la celebración de un referéndum autonómico que ellas mismas convocaron el sábado pasado.

Los dirigentes cruceños convocaron a esta votación en la misma fecha de la elección de prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos, prevista para el próximo 12 de agosto y que fue autorizada por el Congreso en abril.

La elección por sufragio popular de los prefectos es un hito en la historia del país, ya que hasta ahora habían sido designados por el mandatario de turno.

Este paso fue una concesión de Mesa a los líderes de Santa Cruz cuando en enero pasado protagonizaron una ola de protestas con ocupación de edificios públicos y que concluyó con una concentración popular en la que plasmaron sus objetivos de lograr la autonomía del Gobierno central, aunque sin independizarse.

Evo Morales sostiene que este plan responde a los intereses de "los oligarcas" cruceños, a los que señala como aliados de las petroleras multinacionales y como emblema del modelo político y económico vigente en el país, que él considera necesario renovar.

En coincidencia con la intensificación de las tensiones entre estos dos bandos, las Fuerzas Armadas evidenciaron el domingo en un comunicado su preocupación por "la situación que se está gestando en el país, promovida por diferentes sectores".

Opinaron que está coyuntura, "lejos de conducir a la solución de los problemas, incrementa el riesgo de enfrentamiento entre regiones" al tiempo que reiteraron su defensa de la "unidad del país".

Además, advirtieron de que no aceptarán posturas que buscan "impedir con medidas de facto el proceso constitucional de las demandas planteadas".

En las últimas semanas, los dirigentes de Santa Cruz utilizaron la expresión "de hecho" para lanzar la amenaza de convocar aal referéndum autonómico.

En este complicado escenario, el Ejecutivo desmintió el lunes pasado el rumor de un golpe de Estado cuya validez debe considerarse en el contexto de un país donde esta clase de anuncios son frecuentes, pese a los 23 años que han pasado desde el restablecimiento de la democracia tras un largo período de dictaduras.